Les comparto mi columna semanal relacionada con la situación generada con la Revocatoria del Mandato del Alcalde Enrique Peñalosa promovida desde la Fundación Azul Bogotá
LA REVOCATORIA: UN MECANISMO SIN
CONTROL
*Javier
González Aza
En Colombia pueden más las luchas por el poder que hacer
un buen uso de los mecanismos de participación ciudadana, adoptados en Colombia
con la Ley 134 de 1994, concretamente de la Revocatoria del Mandato; si se
tiene en cuenta que se ha llegado al punto de utilizarlos para defender la gobernabilidad
de un mandatario con la ayuda de particulares, cuando estos instrumentos jurídicos
como bien su título lo consagra fueron diseñados es para que sea la ciudadanía
la que se pronuncie y no el mismo Gobierno al cual se le está promoviendo. Más
si lo hace de forma tergiversada, reflejando
un único propósito referente a deslegitimar el proceso que se adelanta.
Estrategia que coloca en duda no solamente la actuación de
la entidad territorial llámese Distrito, Municipio o Departamento, frente a un
proceso ciudadano sino también la de las instituciones estatales que tienen a
su cargo la responsabilidad de hacer que el trámite que se debe cumplir para su
convocatoria además de que se encuentre ajustado a la ley igualmente responda a
la realidad o coyuntura local del territorio en el cual se va a desarrollar el
mecanismo, lo cual no tiene ninguna complejidad para identificar solo basta con
una rigurosa revisión sin ligarla a favores o interés políticos de cualquier administración.
Examen que requiere de un apego a la norma y no de
interpretaciones que pudiesen llegar a beneficiar alguna de las partes, puesto que
esto ha hecho que en Colombia la mayoría de revocatorias del mandato que se han
intentado hacer por iniciativa ciudadana no prosperen, al evidenciarse que las
entidades competentes no actúan con la rigurosidad que se espera, ejerciendo un verdadero control de
cumplimiento sino que lo hacen de una manera que no perjudique su relación con
las demás ramas del poder público de turno en sus diferentes niveles.
Accionar que ha hecho que sea más el desgaste
administrativo que se produce que las posibilidades que tiene la ciudadanía de
hacerse sentir frente a sus gobernantes,
quienes al ver que la Revocatoria del Mandato carece de un debido control institucional
para su ejercicio, la utilizan como medio de defensa, desconociendo que esta le
corresponde al ciudadano y no a la administración, que es a quien va dirigida,
por lo que no es necesario tener título de abogado o politólogo para entender
que en este caso no se puede ser promotor y destinatario al mismo tiempo, en razón
a que ningún mandatario ni por ensayo que sea para demostrar la operabilidad
del mecanismo de participación desearía revocarse a sí mismo.
Situación que por el respeto que se debe tener con el
derecho participativo que le es propio de la ciudadanía frente a los mecanismos
de participación ciudadana, debería conducir a estudiar la posibilidad que
desde el Gobierno Nacional se presente una nueva modificación a la Ley 134 de
1994, con el propósito de adoptar sanciones pecuniarias para quienes buscando
dilatar, desconocer, o entorpecer el desarrollo del trámite del proceso de revocatoria la utilicen haciendo uso de
engaños o para así sea con una estrategia inapropiada y reprochable defender a
la administración que desde la ciudadanía pretende ser revocada.
Propuesta que permitirá comenzarle a brindar a los
mecanismos de participación ciudadana, especialmente a la Revocatoria del
Mandato ese control institucional que en todo este tiempo le ha hecho mucha
falta, reflejándose en que este instrumento se ha quedado en buenas intenciones
sin resultados concretos que demuestren
el poder de la ciudadanía no solo como electores, sino también como veedores de
la gestión que estén llevando a cabo sus elegidos.
*Candidato a Magister
en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia (06-05-17)
Twitter: jgonzaleza84 Blog:
frasesypunto.blogspot.com
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