viernes, 29 de enero de 2016

POR RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD Y LOS DERECHOS

Buenos Días
Les comparto mi columna de esta semana relacionada con el episodio del ahora Ex Defensor del Pueblo


POR RESPETO A LA INSTITUCIONALIDAD Y LOS DERECHOS
*Javier González Aza

Desde que se conoció el pasado domingo una segunda columna del periodista Daniel Coronell en la revista semana acerca del caso de la Abogada Astrid Helena Cristancho, que involucra al saliente Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora Gómez, por presuntas conductas de acoso laboral como sexual, Colombia se hizo sentir por redes sociales exigiendo el respeto por la institucionalidad y los derechos de las mujeres, si se tiene en cuenta no solo la condición de la denunciante, sino también que la principal misión de la Defensoría del Pueblo, entidad que representaba el Doctor Otálora es la protección de los derechos.

Actitud nacional, que de acuerdo a los hechos ya más que conocidos por toda la opinión pública, se puede decir fue una respuesta asertiva, por cuanto cualquier servidor público que tenga a su cargo la responsabilidad de liderar los destinos de cualquier entidad pública, o tenga en ella algún cargo de dirección, debe tener muy en claro, que durante el tiempo de su desempeño debe procurar por hacer que su vida profesional vaya encausada por el camino trazado para la institución, y su vida personal por otro totalmente diferente que no tenga injerencia en el primero, toda vez que con este caso  quedo comprobado que combinar estas dos esferas de la vida al interior de la función pública es inaceptable para la sociedad colombiana.

Rechazo, cuya razón de ser es porque un derecho y la institucionalidad valen más que  cualquier abuso de poder, o maltrato laboral que pueda perjudicar a los funcionarios que laboran bajo una relación de subordinación, conducta que al ocurrir a su vez pone en entre dicho la credibilidad, la confianza, y la idoneidad de quien tiene a su cargo el manejo institucional o grupal de alguna de las dependencias que hacen parte de la entidad.

Situación, que es por la que se debe trabajar diariamente desde el estado, con el fin de fortalecer en los ciudadanos esa confianza que deben tener en las instituciones y por consiguiente en las personas que las representan, lo cual se logra haciendo prevalecer el interés general sobre el particular, pues solo así se podrá demostrar el verdadero respeto que se tiene por las instituciones y por los derechos no solo de quienes conforman la entidad, sino también de todos los colombianos, ya que frente a un comportamiento reprochable quedo visto que la solidaridad ciudadana al sentir que es como si lo hubieran hecho con ellos es más fuerte que cualquier estrategia tendiente a opacarla.

Finalidad  que desafortunadamente fue la que inicialmente quiso utilizar como defensa el Doctor Otálora, pero que por la valentía de una mujer como Astrid Helena Cristancho de seguir adelante con su denuncia, como de la posición del Defensor Delegado para Asuntos Constitucionales Luis Manuel Castro Novoa en su renuncia la cual previamente se la había hecho saber, a quienes desde este espacio les manifiesto mi admiración, unidos al perseverante apoyo de todo el país vía redes,  es que posteriormente se logra que se produzca un cambio en su decisión, la cual igualmente es digna de reconocimiento, pues nunca es tarde para aceptar que por encima de sus convicciones está el respeto por la institucionalidad y los derechos

Ahora esperar que sea la Justicia quien defina quien tiene la razón, ya que por el respeto a la institucionalidad y los derechos las partes permitieron dejar en manos de ella su situación como debe ser.

*Candidato a Magister en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia (29-01-16)
Twitter: jgonzaleza84  Blog: frasesypunto.blogspot.com

viernes, 22 de enero de 2016

APROPIEMONOS DE NUESTRA SEGURIDAD

Buenos Días
Retomando esta Columna, les comparto la correspondiente a esta semana relacionada con el tema de Seguridad muy debatido por estos días en la ciudad de Bogotá


APROPIEMONOS DE NUESTRA SEGURIDAD
*Javier González Aza

Los Colombianos no pueden seguir esperando que el Estado, llámese Nación, Ciudad, Municipio, o Departamento, trabaje solo en el propósito de garantizar la debida vigilancia, con la que los ciudadanos esperan contar en cada uno de los lugares en que residen, como en los que se movilizan diariamente, puesto que la efectividad de las medidas que pudiesen llegar adoptar las autoridades competentes cada vez que abordar el tema para evaluarlo, depende de la colaboración de todos los habitantes del territorio nacional, o simplemente pueda que no sean las más pertinentes, toda vez que también vale la pena entender que por el solo de mostrar resultados  en ocasiones se adoptan decisiones sin medir su impacto.
Coyuntura en contraste que fue la que se pudo observar esta semana con el caso Bogotá, en la que primeramente del encuentro sostenido entre el Alcalde Mayor de la ciudad y el Presidente de la Republica para analizar el tema, una de las principales decisiones a las que se llego fue la de ampliar la prohibición del porte de armas hasta el 31 de Diciembre del presente año.
Medida que no cabe duda es de gran utilidad desde una óptica operacional estatal, pero puede llegarlo hacer un poco más mayor si al interior de las diferentes comunidades se cambia esa concepción de hacer Justicia por mano propia, apoyando las ventas ilegales, las cuales también deben ser controladas e identificadas por las autoridades, por cuanto son allí en donde se adquieren las distintas herramientas delictivas para cometer cualquier clase de conducta que atente contra la integridad de las demás personas, por una visión de cooperación que conduzca a un trabajo mancomunado Estado – Sociedad Civil para que los resultados sean mucho más positivos preservando además de vidas, bienes muebles como inmuebles.
Propósito que es muy difícil de lograr con la segunda situación ocurrida en estos días frente al tema, más exactamente ayer con la propuesta de la administración distrital consistente en la presentación de una iniciativa para aumentar penas para el caso de los reincidentes en delitos, con el fin de mejorar los índices de seguridad.
Idea que como se plantea en vez de contribuir a la búsqueda de una solución efectiva, lo que se hace con ella es agravar mucho más otro problema como es el hacinamiento carcelario, pudiendo a su vez dar lugar al incremento de los niveles de descomposición social que puede que impida que la ciudadanía pueda mostrar una disposición colaborativa frente a las autoridades competentes, por el miedo y el aumento de las represalias y las venganzas en las cuales se pudiere ver involucrado, por el simple hecho de denunciar reincidencias, por lo que más que una política sancionatoria, lo que necesita el país es una política preventiva contra el delito.
Prevención, que al igual que la cooperación son de vital importancia para que la ciudadanía comience apropiarse de su propia seguridad, si se tiene en cuenta que la misma es un asunto de todos, es por esto que si llegamos a entender el tema de esta manera tanto el estado, como la ciudadanía, solo así se podrá alcanzar la reducción de los respectivos índices, de la cual ya se volvió costumbre hablar con fuerza cada vez que comienza el mandato de un Gobierno Nacional o Territorial, salvo el Senador Uribe que lo hace insistentemente al tener el tema como “Caballo de Batalla”                        
*Candidato a Magister en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia (22-01-16)
Twitter: jgonzaleza84  Blog: frasesypunto.blogspot.com